Milka Hernández

La Junta Central Electoral enfrenta en Nueva York un problema que ya dejó de ser únicamente jurídico y financiero. El embargo de los bienes instalados en su oficina de Manhattan coincide con el proceso de renovación de la cédula dominicana en el exterior y amenaza con convertirse, si no se resuelve a tiempo, en una dificultad operativa para una de las comunidades dominicanas más numerosas y electoralmente importantes fuera del país.

Conviene precisar que no se trata de una confiscación ordenada por el Gobierno federal estadounidense. La actuación fue realizada por un City Marshal de Nueva York para ejecutar una sentencia civil dictada contra la JCE a favor de la empresa Latin Events, LLC.

El aviso de embargo y venta fue notificado el 6 de septiembre y afecta computadoras, impresoras, equipos electrónicos, televisores, mobiliario, obras de arte y otros bienes localizados en el 1501 de Broadway, suite 410, en Manhattan. Si la obligación reclamada no es saldada al menos 72 horas antes, la subasta está programada para el 1 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana. 

El conflicto se remonta a octubre de 2023, semanas antes de la denominada Serie de Titanes entre los equipos Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey en el Citi Field.

Según los documentos examinados por la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, la JCE acordó pagar un millón de dólares por servicios vinculados con una campaña de registro electoral dirigida a dominicanos residentes en Nueva York y estados vecinos. El acuerdo incluía 600,000 dólares por 15,000 entradas para los partidos, 200,000 dólares por 20,000 almuerzos y otros 200,000 dólares por publicidad en radio, televisión e internet.

Latin Events sostuvo que cumplió sus obligaciones y que solamente recibió 230,000 dólares. La empresa reclamó un balance de 770,000 dólares, más 68,337.50 dólares correspondientes al impuesto sobre ventas de Nueva York.

La demanda fue presentada el 4 de abril de 2025. De acuerdo con la decisión judicial, la JCE fue notificada en su oficina de Manhattan, pero no respondió ni compareció. Esa ausencia produjo una sentencia en rebeldía. El juez P. Kevin Castel determinó que la transacción tenía carácter comercial y, por tanto, no estaba protegida por la inmunidad soberana que normalmente ampara a organismos de otros Estados.

La corte ordenó pagar 838,337.50 dólares, además de 48,370.93 dólares por intereses previos a la sentencia y los intereses posteriores correspondientes. 

El abogado Julio Cury, representante de Latin Events en República Dominicana, afirma que la ejecución asciende actualmente a 982,261.88 dólares debido a los intereses, recargos y gastos acumulados. La sentencia también fue reconocida por un tribunal dominicano, aunque esa decisión fue apelada por la JCE. En julio, el organismo electoral sostuvo públicamente que no mantenía una deuda pendiente con la empresa y anunció que recurriría las actuaciones judiciales.

El embargo llega en una etapa especialmente delicada. La JCE comenzó en mayo de 2026 la renovación de la cédula para los dominicanos residentes en el exterior. A diferencia del proceso nacional, la jornada fuera del país se realiza mediante citas, sin tomar en cuenta el mes de nacimiento, y debe concluir en enero de 2028.

La propia institución ha explicado que la entrega del nuevo documento no es un trámite aislado. Implica revisar el registro civil, actualizar datos y depurar el padrón electoral. En mayo, al iniciar el proceso en Estados Unidos, informó que ya se habían programado más de 22,000 citas y reconoció la necesidad de ampliar la capacidad de atención. 

La JCE también cuenta con una oficina en El Bronx y un punto fijo en Long Island. Sin embargo, la eventual pérdida de computadoras, impresoras y dispositivos utilizados en Manhattan podría reducir la capacidad de servicio, obligar a redistribuir citas y aumentar la presión sobre las demás dependencias.

No se trata de unos pocos ciudadanos. La quinta edición del Registro Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior, elaborada por el INDEX, organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, estima que 873,294 personas de origen dominicano residen en el estado de Nueva York. Es la concentración más numerosa del país fuera de la República Dominicana. Estados Unidos, en conjunto, alberga alrededor de 2.54 millones de dominicanos. 

En las elecciones de 2024, Nueva York registró 239,271 electores dominicanos, incluyendo 118,555 en El Bronx. Es una cifra que por sí sola muestra el peso de esa demarcación dentro del voto exterior. 

Una interrupción prolongada no solo complicaría la entrega de cédulas. También podría retrasar correcciones de datos, inscripciones, cambios de dirección y la conformación del padrón que será utilizado en 2028. Además, dañaría la confianza en una institución llamada a garantizar la identidad y los derechos políticos de los ciudadanos.

La JCE todavía dispone de tiempo para responder, reorganizar sus servicios y evitar que el conflicto alcance directamente a los usuarios. Pero enero de 2028, fecha prevista para concluir la cedulación en el exterior, está demasiado cerca del proceso electoral como para permitir atrasos importantes.

Más allá del millón de dólares en disputa, lo que está en juego es la continuidad de un servicio público esencial. La comunidad dominicana de Nueva York necesita una explicación oficial sobre el estado de la oficina, las citas programadas y el plan de contingencia ante una eventual subasta.

Resolver el impase con transparencia y rapidez no es solamente una obligación administrativa: es una garantía para que ninguna deuda, omisión o litigio termine limitando el derecho de miles de dominicanos a estar debidamente documentados y participar en las elecciones de 2028.